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Llevanza Contablilidad

En Hidalgo y Alberola nos dedicamos a la contabilidad de grandes y pequeñas empresas.

Superada la idea de que es un mal necesario cuyo coste debe asumir todo empresario para evitar posibles sanciones por ser su llevanza obligatoria según nuestra actual normativa, la contabilidad se ha convertido en un arma poderosa para poder conocer la situación y evolución del negocio, representando un pilar imprescindible para que la empresa pueda adoptar las decisiones adecuadas en cada momento.


La necesidad de llevar una contabilidad fiable ya la sentimos como algo cercano e imprescindible dado que cada vez es más frecuente que entidades financieras, organismos públicos y privados y entidades en general nos pidan, e incluso exijan, distintos documentos, como el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, que forman parte de la contabilidad de la empresa (cuando vamos a solicitar un préstamo, una subvención o accedemos a un concurso público, por ejemplo).


En este contexto, en los últimos años se ha pretendido equiparar en lo posible la normativa contable y mercantil, por un lado, y la normativa fiscal por otro, determinándose que la base imponible se corresponda en la mayor medida posible con el resultado contable.

De ahí la gran trascendencia que en la actualidad tiene la llevanza y registro de la contabilidad con arreglo a los principios contables generalmente admitidos, cumplimentando correctamente los libros oficiales exigidos y conservándolos en su poder durante el periodo mínimo que, con carácter general, es de seis años, aunque este plazo puede ser mayor por aplicación de leyes específicas como la Ley de Blanqueo de Capitales.

Además, para garantizar el cumplimiento de los principios contables de imagen fiel, de registro, precio de adquisición, devengo, prudencia valorativa, etc., el empresario debe conservar los antecedentes y justificantes (facturas, albaranes, contratos, recibos, etc.) que acrediten la veracidad y exactitud de los registros contables, incluso más allá del plazo de prescripción –que en la actualidad es de cuatro años- si sus efectos fiscales y su incidencia en la base imponible del Impuesto de Sociedades supera dicho plazo.

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